La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y
el diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli
acordaron impulsar un proyecto de ley para frenar el financiamiento al
narcotráfico en la Argentina.
Bullrich, Santilli y el secretario de Articulación Federal del Ministerio de
Seguridad de la Nación, Sebastián García de Luca, mantuvieron un encuentro esta
tarde que se extendió por más de una hora en el que repasaron varias
alternativas para combatir la inseguridad en todo el país, uno de los problemas
que más afectan a los argentinos.
En ese sentido, Bullrich anunció que impulsará un proyecto de ley presentado
por Santilli en marzo del 2022 que busca ponerle freno al financiamiento al
narcotráfico. El diputado nacional, por su parte, apoyó la propuesta de la
ministra de Seguridad de bajar la ley de imputabilidad a 14 años.
El proyecto presentado por Santilli en 2022 propone facultar al Poder Ejecutivo
para congelar cuentas y bienes en paralelo a causas judiciales, con el objetivo
de impedir el financiamiento a las bandas narco y que sobrevivan distribuyendo
el flujo de dinero con familiares, empresas fantasma o testaferros, entre
otros.
El proyecto de ley apunta a establecer “un conjunto de medidas administrativas
dictadas por la autoridad competente tendiente a neutralizar la capacidad
económico-financiera ilícita de personas humanas, jurídicas o entidades
designadas por su vínculo significativo con actividades de tráfico ilícito de
estupefacientes”, que incluyen congelamientos administrativos y prohibiciones
de asistencia, entre otras restricciones.
El proyecto no apunta sólo a las grandes bandas, sino también a los “jugadores
intermedios” de los barrios, ya que podrá ser sometida a una medida “toda
persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución
judicial del Ministerio Público Fiscal de la Nación que le impute o admita la
formalización de una investigación por alguno de los delitos establecidos en la
Ley 23.737”.
La iniciativa propone controlarlo a través de un comité de análisis y fusión de
información con el objetivo de identificar y fundamentar las designaciones y
las sanciones financieras selectivas: “El comité estará conformado por los
representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de
Seguridad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia y Seguridad y
los organismos autónomos de la Administración Pública Nacional competentes que
tengan atribuciones en el control de activos ilícitos”.
Al respecto, concluye: “La participación de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación debe estar garantizada a
través de la firma de un convenio de cooperación con el Poder Ejecutivo”.
