Este régimen introduce los llamados “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”: fondos financieros donde los empleadores depositarían aportes mensuales con el objetivo declarado de reducir la “litigiosidad laboral” y dar previsibilidad a las empresas. Sin embargo, el nuevo modelo representa un cambio profundo en el sistema de relaciones laborales argentino.
Entre sus principales problemas, el nuevo régimen desconecta el monto indemnizatorio de la antigüedad del trabajador, lo expone a las pérdidas por inflación o devaluación sin resguardo alguno, y traslada una protección histórica a entidades privadas sin respaldo del Estado. En lugar de garantizar una reparación justa frente al despido, lo que se propone es un mecanismo financiero que puede dejar al trabajador sin cobertura real.
La diputada también criticó el enfoque del Gobierno nacional, que insiste en resolver la supuesta rigidez laboral con instrumentos financieros, en lugar de atender las verdaderas causas de la precarización: la informalidad, la falta de inversión productiva, el empleo en negro y la evasión.
Es fundamental entender que no se está hablando solo de una norma técnica. Están cambiando el modelo laboral por decreto. Ponen en riesgo el derecho a una indemnización justa, la seguridad jurídica del trabajador y principios constitucionales básicos. “La protección contra el despido arbitrario no puede quedar en manos del mercado financiero. Eso no es un avance: es un retroceso que viola la Constitución”, concluyó Alonso.
