El proyecto de Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2025, suspende la obligación del Estado de garantizar el financiamiento educativo en el 6% del PBI. Esta decisión afecta especialmente a la Educación Técnico Profesional (ETP), al recortar recursos del Fondo Nacional para la ETP y comprometer la progresividad del presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología.